| ¿Doble vara democrática? | |||||
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Noventa mil personas en una movilización, 140.000 o más en otra. ¿Qué más da? Las dos marchas “ciudadanas” convocadas en Guayaquil por los más importantes líderes políticos del Ecuador –nacional el uno, local el otro– dejaron ver, sobre todo, la capacidad de sus respectivas ‘maquinarias políticas’ para movilizar adeptos, simpatizantes, despistados y obligados. Fueron “marchas de aparato” que pusieron a prueba las organizaciones, redes y recursos de Alianza PAIS y la estructura gubernamental, por un lado, y, por otro, del deshilachado Partido Social Cristiano y la agencia municipal bajo su comando.
Vistas así, se relativizan las evaluaciones ‘exitistas’ de uno y otro campo y, sobre todo, de una opinión pública (publicada) que no ha hecho sino reaccionar con un sinnúmero de automatismos ante la vigente coyuntura. ¿No era, acaso, previsible que una marcha convocada haciendo uso del alegato identitario, en su ciudad y en día jueves, por una autoridad legítima que pertenece al grupo de poder que la ha gobernado durante los últimos quince años, con pleno control del sistema político y del gobierno local (y pocos han hablado en este caso de concentración de poderes), pueda tener una convocatoria de tal magnitud?
Amén del “pantallazo” de las multitudes, el ‘recurso a las masas’ forma parte de las demostraciones de fuerza inherentes a un ciclo en que un proyecto nacional de cambio pone en vilo el comportamiento inercial de múltiples grupos de poder y activa su enconada resistencia. Dichas demostraciones conllevarían una efectiva capitalización política, sin embargo, solo si amplían su campo de articulaciones y van más allá de lo que su ‘aparato’ encarna. Más en el bando localista, que en el nacional, eso está aún por verse.
El conflicto es, en cualquier caso, consustancial a los procesos de cambio y ello es más cierto en países como Ecuador, donde las capacidades de mediación institucional de la política están pulverizadas. Mientras no se reconstruya el sistema político buena parte de la puja por el cambio pasará por las calles.
Tal es, de todos modos, un síntoma democrático que los bienpensantes liberales, dominantes en la opinión pública nacional, despreciaron en los noventa cuando el movimiento indígena era el protagonista de la protesta. Hoy, cuando el signo es contrario, la celebran sin disimulo. Un prestigioso diario capitalino se refiere incluso a la marcha del cabildo como “un verdadero plebiscito” antigubernamental. ¿Qué criterios normativos usaron para conferir estatuto institucional a algo que hasta ayer definían como política tumultuaria? ¿Es, acaso, la foja de 140.000 marchantes la que vuelve plebiscito a una protesta? ¿Su carácter pacífico? O, más burdamente, ¿es el tipo de intereses que representa? Dado el impecable historial de pavor a las masas y a los desbordes extrainstitucionales que han ostentado tales sectores de opinión tiendo a inclinarme por la última opción: cuestión de intereses políticos. Los últimos paladines de la defensa procedimental de la democracia han extraviado sus papeles. Lamentable, la honestidad de su alegato institucional siempre tuvo poca credibilidad.
* Sociólogo. Profesor de la Flacso-Ecuador
Vistas así, se relativizan las evaluaciones ‘exitistas’ de uno y otro campo y, sobre todo, de una opinión pública (publicada) que no ha hecho sino reaccionar con un sinnúmero de automatismos ante la vigente coyuntura. ¿No era, acaso, previsible que una marcha convocada haciendo uso del alegato identitario, en su ciudad y en día jueves, por una autoridad legítima que pertenece al grupo de poder que la ha gobernado durante los últimos quince años, con pleno control del sistema político y del gobierno local (y pocos han hablado en este caso de concentración de poderes), pueda tener una convocatoria de tal magnitud?
Amén del “pantallazo” de las multitudes, el ‘recurso a las masas’ forma parte de las demostraciones de fuerza inherentes a un ciclo en que un proyecto nacional de cambio pone en vilo el comportamiento inercial de múltiples grupos de poder y activa su enconada resistencia. Dichas demostraciones conllevarían una efectiva capitalización política, sin embargo, solo si amplían su campo de articulaciones y van más allá de lo que su ‘aparato’ encarna. Más en el bando localista, que en el nacional, eso está aún por verse.
El conflicto es, en cualquier caso, consustancial a los procesos de cambio y ello es más cierto en países como Ecuador, donde las capacidades de mediación institucional de la política están pulverizadas. Mientras no se reconstruya el sistema político buena parte de la puja por el cambio pasará por las calles.
Tal es, de todos modos, un síntoma democrático que los bienpensantes liberales, dominantes en la opinión pública nacional, despreciaron en los noventa cuando el movimiento indígena era el protagonista de la protesta. Hoy, cuando el signo es contrario, la celebran sin disimulo. Un prestigioso diario capitalino se refiere incluso a la marcha del cabildo como “un verdadero plebiscito” antigubernamental. ¿Qué criterios normativos usaron para conferir estatuto institucional a algo que hasta ayer definían como política tumultuaria? ¿Es, acaso, la foja de 140.000 marchantes la que vuelve plebiscito a una protesta? ¿Su carácter pacífico? O, más burdamente, ¿es el tipo de intereses que representa? Dado el impecable historial de pavor a las masas y a los desbordes extrainstitucionales que han ostentado tales sectores de opinión tiendo a inclinarme por la última opción: cuestión de intereses políticos. Los últimos paladines de la defensa procedimental de la democracia han extraviado sus papeles. Lamentable, la honestidad de su alegato institucional siempre tuvo poca credibilidad.
* Sociólogo. Profesor de la Flacso-Ecuador
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